México, 6º país con mayor criminalización de defensores ambientales

  • Organizaciones proponen acelerar ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado mexicano.
  • Urge la implementación de una política integral en materia de protección a personas defensoras que prevenga y atienda los casos de criminalización.
  • Preocupan la narrativa y mensajes gubernamentales que estigmatizan la defensa de los derechos humanos ambientales.
  • Oaxaca y Puebla los estados con mayor criminalización. Minería, bosques y agua las actividades más peligrosas durante 2018.

 

Ciudad de México, 31 de julio de 2019. Global Witness publicó hace unas horas su reporte 2019 sobre la criminalización de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente titulado “¿Enemigos del estado?”, donde se sitúa nuevamente a México entre los diez países con mayor criminalización a personas defensoras del medio ambiente en el mundo y a América Latina como la región con una mayor problemática al respecto, ya que, de los diez países con mayor criminalización, cinco corresponden a América Latina.

Una de las posibles explicaciones sobre la mayor incidencia de criminalización en América Latina es la fuerte tradición de activismo por los derechos humanos que existe en la región, lo cual se traduce en muchos grupos que trabajan con personas defensoras de la tierra y el medio ambiente y que monitorean y denuncian los abusos, lo cual los convierte en blancos de la criminalización sin que existan políticas y mecanismos gubernamentales efectivos para prevenirla o enfrentarla.

En el reporte 2018 México ocupó el 4º lugar a nivel global de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y del medio ambiente con 15 asesinatos y en el reporte 2019 se ubica en el 6º lugar con 14 víctimas.

En el caso específico de México hay que destacar que más de la mitad de las tierras y los territorios son propiedad colectiva de pueblos indígenas, comunidades indígenas y comunidades locales bajo la modalidad de ejidos y comunidades agrarias, lo cual implica que la mayoría de las minas, bancos de materiales, cuerpos de agua, litorales, bosques, biodiversidad y otros recursos están en esos territorios[1], de manera que los derechos colectivos terminan amenazados y confrontados por los intereses privados de empresas a las que el gobierno otorga concesiones sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, ni el derecho a la autonomía y al territorio.

En el reporte se destaca que a nivel global los sectores con los que se relacionaron los casos de criminalización son en ese orden: Minería e Industrias extractivas; Agroindustria, Agua y Represas, Explotación Forestal y Caza ilegal.

El caso de México

En nuestro país, los estados con más casos de criminalización fueron Oaxaca en primer lugar con 4 víctimas, seguido por Puebla con tres víctimas y Chihuahua y Michoacán con dos casos cada uno y luego Nayarit, Guerrero y Estado de México con un caso cada uno.

Un rasgo fundamental es que 11 de las 14 personas defensoras de los territorios y medio ambiente asesinadas en 2018 están asociados a la defensa de territorios y derechos indígenas, por lo que la criminalización está claramente asociada a la defensa de los recursos que los indígenas protegen.

También es importante señalar que las actividades a las que se asocian más casos de criminalización son la minería, la actividad forestal y los proyectos sobre agua y represas, es decir los intereses asociados a la minería, a la tala clandestina, al despojo de derechos sobre los bosques y los proyectos de hidroeléctricas fueron los más letales.

Desde la sociedad civil organizada hacemos un llamado al gobierno federal, al Congreso de la Unión para:

  1. Acelerar la ratificación del Acuerdo de Escazú, lo que contribuiría a que como región en América Latina se implemente una política integral en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos.
  2. Con la participación de la Secretaría de Gobernación, SEMARNAT, el INPI, legisladores y organizaciones de la sociedad civil diseñar políticas y mecanismos para prevenir y enfrentar la criminalización a personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
  3. Reconocer por parte de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la importante labor de las defensoras y los defensores ambientales.
  4. Detener los mensajes que desde el gobierno  descalifican y estigmatizan la labor de las y los defensores ambientales y periodistas por constituir una de las etapas de criminalización que se caracterizan en el informe.
  5. Atender por parte de todos los órdenes de gobierno la Recomendación General 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el respeto y la observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas.
  6. Considerando que la mayor parte de los asesinatos documentados en el reporte están asociados a la defensa de los territorios indígenas es fundamental que desde el gobierno federal se den ejemplos del respeto pleno a los derechos en materia de consentimiento libre previo e informado, derecho a la autonomía y al territorio.

De igual manera hacemos un llamado a los gobiernos de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Estado de México y Guerrero para que se haga justicia en el caso de los asesinatos documentados en el informe 2019 de Global Witness y se tomen las medidas necesarias para prevenir las agresiones en contra de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.                                 

[1]Panorama de los ejidos y comunidades agrarias en México, Morett-Sánchez J. Carlos y Cosío-Ruíz Celsa, Universidad Autónoma Chapingo, 2017 

                                            RED MOCAF   CEMDA   GREENPEACE  RITA  MAÍZ

 

COMPARTIR